A mí parecer, hay dos modos de evaluar lo que ocurrió. El primero sería sólo poner foco en el hecho mismo y sus consecuencias, que son absolutamente lamentables y, desde luego, se debe buscar responsables por lo sucedido. El segundo, más preciso, es intentar analizar las fallas estructurales con las que carga la salud pública, para lograr vislumbrar el fenómeno en su conjunto. Es decir, las causas.

De este último modo, se puede determinar un análisis de mayor responsabilidad que permita, no sólo resolver la inmediatez de la falta de profesionales para la UCI pediátrica del Hospital Padre Hurtado, sino que dar orientaciones para las próximas políticas públicas.

La subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, aseguró que en enero se reabriría esta unidad con los especialistas necesarios. Son sólo seis médicos, pero ¿cómo garantizar el éxito de esta operación sin que se reitere la estampida de profesionales del sector? Una alternativa es equiparar los ingresos del personal, respecto del mundo privado. El tema es si debiese ser así o no, si es correcto o no.

En todo Chile, existen cientos de valiosos profesionales de la salud que se mantienen trabajando en el sector público por vocación. De este modo, lo más adecuado a corto plazo es un aumento drástico en los ingresos. Para considerar, el señor Rafael Caviedes, Director ejecutivo de la Asociación de Isapres, asevera que el gasto en salud en los países de la OCDE muestra diferencias importantes, en Chile el gasto total en salud es de $1.202 al año por ciudadano -sector público y privado- el promedio de la OCDE es de $3.265. Los países desarrollados gastan proporcionalmente más en salud, USA gasta el 17,6% de su PIB, mientras que países europeos gastan cerca del 12% del PIB. Chile gasta el 8% de su PIB en el rubro y el promedio en la OECD es de un 9,5%.

En el largo plazo, lo más plausible es una nueva forma de entender el servicio de salubridad nacional y su importancia país. En esa tarea también entran las academias y el fortalecimiento de un nuevo sentido en las escuelas de medicina, tanto de universidades tradicionales como privadas.

Esto forma parte de un debate mayor, puesto que el caso abre, nuevamente, la discusión sobre el rol del Estado. Si profundizar su carácter subsidiario o transformarlo en uno de derechos básicos, como lo es la salud. La solución no pasa por achicarle la cancha a lo público y otorgarle la posibilidad de cubrir completamente la salud al mundo privado, como si se tratase de un servicio más y no como una atención primordial que debería garantizar el Estado. Hablar sobre esto, debe ser un ejercicio que forme parte del debate universitario.

Por lo tanto, lo ideal es no sólo hacer crecer en tamaño y cobertura la salud pública, sino que mejorar la gestión en esta. Para hacerla más transparente es necesario dar un impulso sustantivo, al igual como lo hizo la Comunidad Valenciana quien ha promovido y puesto en marcha su Sistema de Información en Salud Pública (SISP), que pretende aportar información de interés en salud pública tanto para los profesionales como para los ciudadanos, que podrán así conocer cómo está la situación en el lugar donde residen.

Los principios que pueden regir un SISP son accesibilidad, disponibilidad, calidad de la información, protección de los datos personales y evaluación continua, y sus finalidades definidas pueden ser generar información comparable (salud y determinantes), difundirla y ser base para la investigación. Este sistema se debe estructurar siguiendo estándares internacionales, según elementos como: población, estado de salud (indicadores generales, mortalidad y morbilidad), determinantes (factores biológicos, comportamiento y salud y condiciones de vida y trabajo) y sistema sanitario (prevención, protección y promoción, recursos sanitarios, utilización de la atención sanitaria, gasto y calidad y resultados de la atención).